En los estrados judiciales, José Domato acaba de ganar una nueva batalla. Los sucesivos fallos dejaron a salvo la inexistencia de delito en el préstamo concedido al ingenio Leales para que moliese. Fue una decisión adoptada en la órbita política, sin motivación dolosa, según intepretaron los jueces. También fue política la decisión de destituirlo mediante la intervención federal, en el ardiente enero del 91. El gobierno de Carlos Menem necesitaba descomprimir el clima de descontento social que envolvía a Tucumán y no dudó en usar el remedio federal, cuando el Congreso estaba en receso. A dos décadas de ese hecho que puso en vigencia la Constitución provincial de 1990, resulta indudable que Menem se deshizo de un gobernador que había apoyado a Antonio Cafiero en las internas presidenciales del PJ. El riojano ajustó cuentas, mientras montó un eficiente operativo estatal que retrasó el acceso de Antonio Bussi al poder hasta 1995. Pero la antipatía de la Casa Rosada hacia Domato no explica todo. Este había llegado al gobierno tras una tumultuosa votación del Colegio Electoral, que no disipó la sensación de ilegitimidad derivada de su derrota en las urnas a manos del radical Rubén Chebaia. El balance político está sujeto a revisión, pero los jueces rescataron que Domato fue honesto.